Volkswagen ha rechazado este lunes la petición de un juzgado alemán para llegar a un acuerdo extrajudicial que resuelva la demanda colectiva de clientes sobre la supuesta manipulación de las pruebas de las emisiones en sus motores de diesel, con el argumento de que no hay caso. VW admitió haber usado software ilegal para sortear las pruebas de emisiones contaminantes en 2015, un escándalo que le ha costado más de 30.000 millones de euros en reparaciones de vehículos, multas y provisiones. 

«Los vehículos son conducidos por cientos de miles de clientes todos los días, creemos que no hay daños y, por lo tanto, no hay motivo de queja», dijo el fabricante de automóviles alemán.

La demanda, encabezada por la Asociación Alemana de Organizaciones de Consumidores (VZBV) y el club de automovilistas ADAC, aspira a demostrar que sus clientes, propietarios de vehículos afectados por el escándalo de las emisiones, han visto como sus coches perdían valor por el escándalo y deben ser compensados.

Según la Oficina Federal de Justicia de Alemania, hasta el 25 de septiembre eran 468.992 los conductores que se habían sumado a la macrodemanda, aunque era posible inscribirse para formar parte del proceso hasta este domingo.

Diez bufetes españoles representan a la Asociación de Afectados por Volkswagen, que agrupa a más de 3.000 afectados en España.

La acusación apunta a la reciente sentencia de la Audiencia de Coblenza, que obligó a Volkswagen a indemnizar al propietario de un Sharan con 26.000 euros por este mismo caso, un fallo pionero que ha sido recurrido por el fabricante.

Volkswagen, por su parte, ha anunciado que aportará un peritaje de la auditora Deloitte que estima que le podría librar del pago de indemnizaciones a los consumidores.

Según este informe, el valor residual de los modelos investigados no bajó al conocerse la manipulación en septiembre de 2015, sino a partir del tercer trimestre de 2017, tras publicarse informaciones sobre la posible prohibición de circulación para algunos vehículos diésel en Alemania.

La macrodemanda ha sido posible después de que el Gobierno aprobara un proyecto de ley el año pasado que permitía a las organizaciones de protección al consumidor litigar en nombre de los consumidores, evitando los altos costos legales que podrían alejar a las personas de iniciar acciones legales.

La  organización de protección al consumidor financiada por el estado VZBV ha expresado su confianza en poder ganar  el caso, señalando el hecho de que la mayoría de los tribunales locales y regionales superiores han fallado hasta ahora a favor de los automovilistas. 

Fuente: Cinco Días