Son muchos los abogados que guardan en su cajón minutas que nunca llegarán a cobrar. A ningún profesional le gusta admitir que no ha cobrado por su trabajo, pero es algo con lo que muchos tienen que lidiar. Por esa situación ha pasado Laura, nombre ficticio de una letrada que solo acepta contar su experiencia desde el anonimato. Según reconoce, en más de una ocasión ha tenido que “echar para atrás” facturas “para evitar, al menos, tener que pagar el IVA”. Se trataba de impagos de escasa cuantía, de 250 o 500 euros, por los que “no merecía la pena reclamar”.

Hace seis meses, Martín, abogado que también prefiere no ser identificado por el posible desprestigio, asumió la defensa penal de un hombre acusado de provocar unas lesiones que podían costarle dos años de cárcel. Venía recomendado por un amigo, por eso nunca pensó que tendría que llegar a desistir del caso porque el presunto agresor, realmente, no estaba dispuesto a pagar. “Hicimos todo el trabajo previo con una hoja de encargo, eran 3.000 euros. Pero una vez presentado el escrito y, tras varias reuniones, 15 días antes del juicio tuvimos que renunciar”. Mediante presión, logró que le pagara los primeros 1.000 euros, comenta enojado, “pero no hubo manera de que abonara el resto”. Martín relata todo tipo de excusas. “Desde decir que se le había olvidado el sobre con el dinero en casa, hasta mandar justificantes de pago falsos”. El letrado lo tiene claro: “¿Por qué tengo que defender a una persona que no cree en mí y a la que luego, encima, tengo que perseguir y demandar? Estoy en la profesión para hacer mi trabajo y ser feliz”. En esta ocasión, pudo esquivar el impago, pero la renuncia al caso no siempre es posible; el juzgado no la admite si entiende que causa indefensión.

Detectar que un cliente que entra por la puerta del despacho es un potencial moroso no es fácil, incluso para los veteranos. ¿Y si hubiera un fichero de malos pagadores? El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha creado una herramienta que permite consultar datos sobre impago de honorarios de letrados. Por primera vez, los profesionales pueden saber si alguien que solicita sus servicios ya ha estafado a un colega. El Registro de Impagados Judiciales (RIJ) es una novedad mundial, explica Rafael Bonmatí, tesorero del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en el que se recogen deudas reconocidas en sentencia firme. Solo en 2017, según la Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ejecutaron más de 2,39 millones de sentencias que dieron lugar a 1.936.796 títulos judiciales.

Bonmatí señala cómo se dieron cuenta de la necesidad de este fichero. “Hay personas que cumplen con Hacienda, Seguridad Social, bancos y compañías telefónicas; y con eso ya no aparecen en ningún listado”. Sin embargo, pueden dejar de pagar a su abogado, la pensión de sus hijos o al taller sin consecuencias. “Calculamos que cerca del 80% de la deuda crediticia no está registrada”.

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El RIJ es una herramienta de trabajo que facilita a los letrados el recobro en nombre de sus representados o en el suyo propio, pero también sirve para consultar la reputación de un potencial cliente. “Cuando ya judicialmente se ha intentado todo lo que se puede intentar, que por lo menos el incumplidor figure en un fichero para que no engañe a más. Ese es el espíritu”, afirma Bonmatí. Además, apunta, solo se inscriben deudas vencidas, exigibles y reconocidas en sentencia firme, con todas las garantías y respetando la normativa de privacidad, por lo que “nadie puede decir que la Abogacía hace del cobrador del frac”. Ya hay inscritos más de mil usuarios, asegura, y “los bancos y financieras están muy interesados”.

Inicios

Para cualquier abogado, conseguir nuevos clientes y facturar es prioritario, pero es más importante cobrar. La profesión, como cualquier otro operador del mercado, es sensible a la morosidad, aunque esta no afecta a todos por igual. La acumulación de facturas impagadas puede amenazar seriamente el balance financiero de los pequeños y medianos despachos, así como de los profesionales por cuenta propia, que no disponen de tantos recursos para el recobro. Por otro lado, la falta de veteranía puede hacer que los jóvenes y principiantes estén más expuestos.

Para Maia Román, presidenta de la Confederación Española de la Abogacía Joven (CEAJ), es como “pagar la novatada”. Quizá porque, al principio, “se piensa más en conseguir un cliente y llevar un asunto que en las gestiones de cobro”. En cambio, los veteranos están más acostumbrados a este tipo de clientes y saben “poner límites”. Hay veces que se aceptan asuntos sin pedir la correspondiente provisión de fondos y luego hay que perseguir al ­deudor, pero esto, afirma, “te pasa una o dos veces”. Un buen filtro, advierte, es cobrar la consulta previa: si el cliente no la quiere pagar, “no valora tu trabajo y esto ya es un indicio”.

Frustración

Alberto Cabello, presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) de Madrid, cree que la facturación y cobro en los despachos es uno de los principales problemas en los inicios. En su opinión, los impagos suponen uno de los mayores riesgos de frustración a la hora de emprender en la abogacía, sobre todo para todos aquellos que trabajan por cuenta propia, “que, al fin y al cabo, son la gran mayoría dentro del sector jurídico”.

Por otro lado, reclamar impagos lastra a los letrados. “Perseguir a un cliente supone horas de esfuerzo, trabajo y, sobre todo, frustración mental”, afirma. Según cuenta, la mayoría de los abogados que conoce que han dejado la profesión por cuenta propia ha sido por la frustración que supone, además de realizar un trabajo mal pagado, tener dificultades para cobrar. Aunque también es partidario de facturar la consulta previa, piensa que, para quien se inicia, no es siempre fácil poner “barreras de entrada”. Las grandes corporaciones low cost, reflexiona, han generado un clima en el que los anticipos ya no se respetan, aunque, en cierto modo, entiende a sus compañeros estafados, “porque lo pasan muy mal y cualquier oportunidad es un tesoro”. En todo caso, esgrime, hay que evitar la temeridad. En la profesión el factor esencial es la confianza, y “si no puedes confiar en un cliente, o viceversa, no eres su abogado ideal”.

Algunos letrados sienten que no se valora adecuadamente el servicio que prestan, su tiempo y conocimiento. Es el caso de Luis, otro profesional que no quiere ser reconocido, que pone de ejemplo un caso en el que su cliente se fue a otro despacho porque, según le decía, no hacía bien su trabajo. “Quería que pusiera en el escrito lo que él pensaba que estaba bien, no mi criterio experto.” Incluso, le llegó a amenazar con una queja ante el colegio. “Aún me debe dinero”, confiesa, pero “le di la venia a mi compañero con lacito incluido”.

Jura de cuentas

Procedimiento privilegiado. Los abogados cuentan con una procedimiento ad hoc llamado jura de cuentas para cobrar por su trabajo en un proceso. Conforme al artículo 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), pueden requerir a sus defendidos el pago de sus servicios presentando “minuta detallada y manifestando formalmente que esos honorarios les son debidos y no han sido satisfechos”.

Hoja de encargo. Disponer de una hoja de encargo puede ayudar a la abogacía en caso de tener que reclamar sus honorarios ante una posible morosidad del cliente. Desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) se insiste en la necesidad de que los letrados y letradas pacten y establezcan con sus clientes los honorarios a través de una hoja de encargo, donde se fije, de la forma más clara posible, el objeto del encargo profesional así como el importe de los honorarios y otros aspectos relacionados, tales como la forma de pago, la provisión de fondos solicitada y otros gastos derivados directamente del asunto o procedimiento.

Honorarios excesivos. Si el cliente no está de acuerdo con el precio, puede impugnarlo. El letrado puede a su vez presentar el presupuesto que firmaron y rechazar una reducción. Si no hay hoja de encargo, será el juzgado el que decida. Como cuenta el responsable de la Comisión de Honorarios del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), los colegios profesionales no pueden publicar baremos o criterios orientativos de precios. Su función es la de emitir un informe, como un perito, cuando lo solicita el juzgado. En el colegio también existe una mediación de honorarios y un arbitraje (en este caso solo si así se pactó).

Fuente: Cinco Dias.