El grupo Sacyr ha abierto pesquisas internas para determinar si su filial Gespol ha estado implicada en contrataciones irregulares de aplicaciones de tráfico. Esta es una de las empresas que centra las investigaciones de la Policía Nacional en el marco de la operación anticorrupción abierta esta mañana, bautizada como caso Enredadera, y que afecta a más de 40 ayuntamientos de toda España. Entre ellos figuran los de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet de Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.

Aplicaciones Gespol tiene sede en Barcelona y fue adquirida por Sacyr en octubre de 2016. En los registros efectuados se buscan pruebas sobre el amaño de concursos públicos con la colaboración de políticos locales del PSOE, PP y Ciudadanos.

La operación está siendo coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, afecta a varios juzgados y en ella participan agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Los registros se están llevando a cabo en localidades de Madrid, Castilla y León, Cataluña y Asturias.

Desde Sacyr, que se ha manifestado abierta a colaborar con la justicia, se ha argumentado esta mañana que Gespol ha ganado contratos por 1,5 millones de euros desde que entró en el perímetro del grupo. Una cifra que ofrece una media de 5.000 euros por adjudicación.

Aplicaciones Gespol cuenta con un aplantilla de 31 empleados y está especializada en el mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial. Sus ingresos es 2017 ascendieron a 1,2 millones de euros.

En las primeras horas la Policía ha detenido al empresario José Luis Ulibarri, investigado ya dentro de la trama del caso Gürtel,y a José Francisco Cano, jefe de la Policía Local de Fuenlabrada y secretario de Unijepol. Esta última es una asociación que reúne a los jefes de las diferentes policías municipales de toda España, informa Europa Press.

La Fiscalía Anticorrupción ha informado a través de un comunicado que los hechos investigados están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Fuente: Cinco Días