La Junta Única de Resolución (JUR) ha eliminado parte de la orden de censura que pesaba sobre el Plan de Resolución de 2016 de Banco Popular y del informe de Valoración 1, trasladando así una orden resuelta por el Panel de Recursos del mismo organismo. En el plan se constata que distintos organismos europeos sobrevaloraron la liquidez del banco en 1.887 millones en caso de resolución.

Tras mantener una audiencia el pasado mes de junio sobre el acceso a documentos relativos a Banco Popular, el Panel de Recursos de la JUR ordenó que se desclasificaran nuevas informaciones.

Esta decisión vino motivada tras la alegación presentada por el despacho de abogados B. Cremades & Asociados, que aseguraba que la JUR se saltó el cumplimiento de la orden de revelación de documentos de 19 de junio de 2018.

Poco más de dos meses después, el organismo europeo presidido por Elke König ha cumplido con las directrices facilitadas por su propio Panel de Recursos concediendo acceso al texto completo de la nota a pie de página con asteriscos en la página 5 del informe de ‘Valoración 1’, así como elementos de dos cuadros del Plan de Resolución, la cifra sobre el incremento del capital CET1, datos relativos a la retirada de depósitos y a la pérdida de calificación.

Entre la información hecha pública, lo más relevante tiene que ver con los cálculos realizados por los organismos europeos sobre una potencial fuga de depósitos, ya que estimaron que el banco no tendría problemas al mantener un exceso de liquidez de 1.887 millones de euros en caso de resolución, tal y como adelanta ‘El Confidencial’.

El ejercicio de hipótesis parte de la situación de liquidez mantenida por Banco Popular en diciembre de 2015 y estresado por un periodo de tres meses.

Este escenario estresado tiene en cuenta el cierre de acceso a los mercados, de forma que no es posible para el banco acudir a esta ventana para renovar la deuda vencida, así como la rebaja de la nota de solvencia hasta tres escalones por parte de las agencias crediticias.

Paralelamente, se produce la fuga del 8% de los depósitos de los clientes individuales, del 12% por parte de pequeñas y medianas empresas, así como la salida del 50% por parte de grandes empresas, del 40% de las administraciones públicas y el 100% del dinero de otras entidades financieras.

PAGINAS ENTERAS CENSURADAS.

No obstante, la JUR se ha escudado en una decena de artículos incluidos en el Reglamento de la Comisión Europea (CE) para no conceder acceso a los textos completos tanto del informe de ‘Valoración 1’ como del Plan de Resolución de 2016, de los que se mantienen páginas completas censuradas.

En este sentido, en una carta firmada por König el pasado 28 de agosto a la que ha tenido acceso Cinco Días, la JUR subraya que la divulgación de la información todavía cubierta por las excepciones contempladas en los artículos del Reglamento de la CE solo podría ser desclasificada
en caso de que se demuestre que existe un interés público superior.

De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), ha indicado que compete al que solicita eliminar la censura demostrar que realmente existe este interés público superior al que alude.

Con todo, la JUR ha añadido que el TJUE ya ha reconocido que un posible interés en obtener documentos, con vistas a un procedimiento judicial, constituye un interés privado.

Fuente: Cinco Días