Ni para ti ni para mí y todos satisfechos”. Esta es la conclusión a la que llegaron ayer fuentes conocedoras de la reunión que ha mantenido hoy al más alto nivel la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la sede de su departamento, con los máximos ejecutivos de las tres grandes eléctricas, titulares de la central nuclear de Almaraz. Y es que del encuentro, al que asistieron el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; el consejero delegado de Endesa, José Bogas y el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, surgió un principio de acuerdo para que las centrales españolas funcionen más de 40 años y menos de 50. O, lo que es lo mismo, ninguna se cerrará antes de 2025 ni funcionará después de 2035, fecha tope para el apagón nuclear.

 Se trata de un plan de cierre “realista y pragmático”, según la ministra, que responderá “a criterios objetivos” (tecnológicos, años de vida útil, etc.), según las propietarias. Por lo tanto, una plantas podrían cerrar a los 45 otras a los 43 y otras a los 47, por ejemplo. De esta manera, según lo tratado, Almaraz podría funcionar, al menos, seis años más.

A instancias de la ministra, que impuso la presencia de un único directivo por empresas (ella misma participó en solitario sin nadie de su ministerio), se celebró un encuentro en el que, por primera vez, participaban las tres juntas. Entre ellas se venían bombardeando en los últimos tiempos con documentos y análisis cruzados.

Las discrepancias respecto al futuro del parque nuclear y, más concretamente, sobre la más longeva, Almaraz I, cuyo permiso de explotación concluye en 2020 y sus titulares deben solicitar su prórroga o su cierre antes del 31 de marzo, eran de sobra conocidas: Iberdrola y Naturgy, con un 53% y un 11%, respectivamente, del capital de la central cacereña, proponían su cierre al cumplir los 40 años de vida útil (que se cumplen en 2023), mientras que Endesa, con el 36%, proponía hasta 50 años.

El Gobierno cambiará la regulación para que las decisiones en las centrales no requieran unanimidad, sino mayoría simple

Si en algo coincidían todas ellas es en que el proceso debe ser tutelado por el Gobierno y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Transición Energética había planteado un calendario de eliminación escalonada de potencia nuclear, algo que , según las compañías, no solucionaba el conflicto. Finalmente, se han salido con la suya y en el calendario figurarán las fechas de cierre con nombres y apellidos.

Del avance de un posible acuerdo da cuenta el hecho de que la junta de Almaraz convocada para mañana, ha sido finalmente suspendida.

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Otro punto relevante tratado en la reunión de hoy  es la necesidad de liberar a los titulares de las instalaciones atómicas de la obligación de adoptar cualquier decisión por unanimidad. Las centrales nucleares españolas están constituidas en agrupaciones de interés económico (AIE) y, como tal, cualquier decisión requiere unanimidad. Para evitar el bloqueo y que todas tengan igual responsabilidad al margen de su participación, el ministerio se ha comprometido a cambiar la regulación para que las decisiones se decidan por mayoría simple.

Según las fuentes antes citadas, una de las cuestiones que más se debatió es el concepto de vida útil y el pago de la tasa de Enresa para el desmantelamiento. La empresa pública trabaja en un nuevo Plan Nacional de Residuos Radiactivos (el actual se remonta a 2006) y, dependiendo de los años de funcionamiento de las centrales dependerá, la distribución de la tasa.

El acuerdo no solo interesa a las eléctricas, sino al ministerio, cuyos responsables ultiman el gran paquete del clima, que irá a un próximo Consejo de Ministros. Este incluye el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que debe recibir el visto bueno de Bruselas; el anteproyecto de ley de Cambio Climático y la denominada Estrategia de Transición Justa. Precisamente, los objetivos sobre la energía nuclear se incluirán en el PNIEC.

En cualquiera de los escenarios, el calendario de cierre de nucleares está condicionado a la capacidad técnica y económica del sistema para desmantelar simultáneamente varias centrales y que sea compatible con los objetivos de descarbonización, esto es, que la salida de potencia nuclear no obligue, como en Alemania, a incrementar la de residuos fósiles, como la producción con gas.

Tambores de acuerdo el fin de semana

Pese al ambiente de tensión que se había vivido en las últimas semanas por las desavenencias de los socios de Almaraz sobre el futuro de la central, y pese a que la reunión celebrada ayer a cuatro bandas, fue producto de un ultimatum de la ministra par la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante el fin de semana en las empresas se respiraba un cierto optimismo.

La propia ministra llegó a decir que de la reunión “no se iría nadie hasta alcanzar un acuerdo”. Todo ello hace presuponer que las partes llevaban ya un preacuerdo listo de casa. A él ha contribuido el accionista minoritario de Almaraz, Naturgy, emparedado entre las posiciones extremas de sus dos grandes rivales. Se trata de que nadie ganara y nadie perdiera y todos aceptaran un justo medio: ni 40 ni 50 años de vida útil.

La estrategia de Ribera de convocar la reunión al más alto nivel ha dado sus frutos. No obstante, quedan flecos importantes por resolver, como el de la tasa para sufragar los desmantelamientos. Una cuestión que requerirá de nuevas reuniones y la participación de Enresa.

Fuente: Cinco Días