La política energética aplicada desde las instituciones europeas se resume en dos conceptos que guían toda la legislación que, en esa materia, nos ha llegado y va a seguir llegando desde Bruselas: la liberalización de los mercados energéticos y la descarbonización de la economía.

El primero de esos preceptos es irrebatible ya que es la base del liberalismo económico que rige la Unión. Por lo que respecta al segundo, es obligatorio y no solo porque sea el fruto del compromiso global de luchar contra el cambio climático, que se concretó en el Acuerdo de París de la COP21 del que Europa se ha erigido en líder tractor, sino porque jugar con la salud del planeta no es una opción.

Ambos conceptos son incontestables. El libre mercado y la protección del medio ambiente son, junto a la defensa del Estado del bienestar y la creación de empleo y riqueza, los pilares básicos de la sostenibilidad que como sociedad debemos defender para mejorar la existencia de todos sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras.

Desde ese punto de partida, las instituciones europeas y los Gobiernos de cada uno de los Estados miembros deben legislar y concretar sus políticas energéticas. Es cierto que mucho se ha hecho hasta ahora, pero no lo es menos que queda todavía mucho más por hacer.

El paquete legislativo Energía limpia para todos los europeos se va convertir en una realidad en los primeros meses de este año 2019 y la Ley española de Cambio Climático y Transición Energética está en pleno proceso de cocción. Pero las leyes europeas y locales deben aplicarse a través de políticas que, en materia de energía, se adapten a las necesidades y particularidades de cada economía.

A la industria, y más concretamente al sector del metal, como a todos los sectores económicos, le afecta lo hecho hasta ahora, pero le preocupa mucho más lo que está por hacer. Las políticas energéticas están afectando decisivamente a su competitividad.

La realidad del panorama actual demuestra que los elevados precios de la electricidad y de la energía en general en España ponen en peligro la competitividad de toda la industria española y muy en particular la del sector del metal.

El diferencial de precios de la energía con otros países competidores no solo representa un mayor coste estructural para las empresas españolas, sino que se está convirtiendo en un factor determinante a la hora de tomar decisiones sobre nuevas inversiones y creación de empleo.
Estamos expuestos a una amenaza real que pudiera convertirse en un grave problema estructural: si los elevados precios de electricidad se hacen crónicos supondrán una debilidad a largo plazo para la creación de empleo y, consecuentemente, para el mantenimiento del Estado de bienestar.
En la carta abierta recientemente dirigida al Ministerio de Industria, Confemetal señalaba que “la industria no necesita listas de buenas intenciones y propuestas irrealizables, tradicionalmente empaquetadas en forma de decálogos o libros blancos, lo exigible es que legisladores y gobernantes, lejos de remedios milagrosos, planteen medidas que sean aplicables, eficaces yútiles”.

El sistema tarifario de la electricidad en España incluye costes añadidos por impuestos, políticas medioambientales y sociales que distorsionan los precios energéticos. Este hecho, que se viene produciendo desde hace más de 25 años, afecta a la competitividad de las empresas industriales.

Nuestra industria tiene que competir, por un lado, con sus homólogos europeos, que disfrutan políticas energéticas más orientadas a reflejar el costo real de generación de la electricidad, y por otro, con competidores de países emergentes que incluso aplican políticas proteccionistas y que reducen artificialmente los costes energéticos.

No es necesario recurrir a estas medidas artificiales de los sistemas proteccionistas, pero países vecinos como Alemania están realizando la transformación del sistema energético (Energiwende) hacia una economía descarbonizada, en base a su política industrial de largo plazo.
Reemplazar las importaciones de combustibles fósiles por energías renovables mejora la balanza comercial y fortalece la seguridad energética, y se utiliza como motor económico y de creación de empleo. Pero los sobrecostes, cuando los haya, no se repercuten sobre la tarifa eléctrica porque hacerlo restaría competitividad a las empresas industriales.

El precio de la electricidad, en un entorno liberalizado, debe reflejar su valor real como producto. La descarbonización de la economía, la solidaridad interregional y cualquier otro tipo de políticas solidarias y medioambientales tienen que ser soportadas por todos. Pero en ningún caso, ese precio debe repercutir negativamente sobre los costes directos de los sectores industriales, algunos de ellos intensivamente consumidores de energía eléctrica, que son motor económico y de empleo. Porque poner en peligro su competitividad es una política temeraria para el conjunto de la sociedad.

El tejido industrial da estabilidad y empleo a la economía y nuestro país, consciente y convencido de ello, debería activar planes específicos y asignar recursos para alcanzar el objetivo del 20% de nuestro PIB a través del sector industrial, un empeño con el que la industria del metal está comprometida a contribuir con su crecimiento.

Pero eso exige estimular la inversión en la industria a través de políticas que fomenten la competitividad en vez de castigar el imprescindible consumo eléctrico con sobrecostos añadidos. Es tiempo de actuar sin más demoras y disponer de un precio energético, no solo eléctrico, competitivo.

Guillermo Ulacia es Presidente de la comisión de industria de CEOE

Fuente: Cinco Días