Las startups de legaltech que van entrando en el sector legal no pasan ni mucho menos desapercibidas. Más aún si su objetivo es crear un ranking gratuito de abogados, como es el caso de Emérita Legal, una empresa que pretende medir quién es el mejor profesional por especialidad en base a sus resultados judiciales; es decir, en función de cuántos pleitos gana en su área en comparación con otros abogados.

A raíz del XII Congreso de la Abogacía de Valladolid, donde fue premiada en la modalidad pre-semilla en los Premios Startups del evento, la joven empresa está dando mucho que hablar. Muchos letrados y algunos sectores de la Abogacía institucional no comparten la filosofía de la web y creen que es un error entrar al juego de identificar al buen abogado solo con el que gana muchos juicios. Inquietudes que se pusieron de manifiesto en una jornada celebrada hace unos días en el Colegio de Abogados de Madrid, en la que varios profesionales mostraron su malestar con el sistema al haberse encontrado su propia trayectoria judicial publicada sin su consentimiento.

A día de hoy, la startup, que solo lleva cinco meses en el mercado, ya dispone de información de 108.250 abogados de 60 especialidades y más de 5.800.000 resoluciones judiciales analizadas (en España hay unos 150.000 letrados ejercientes). Sus creadores, abogados de profesión, comenzaron este proyecto con el fin de “dotar de transparencia al mercado” y solucionar, según José Antonio Padín, CEO de Emérita Legal, un “problema” de la abogacía tradicional. “Si quieres posicionarte, tienes que pagar, y si quieres diferenciarte, tienes que pagar más”.

Ahora, la única forma de anunciarse es publicar en un periódico, hacer marketing digital u optar por grandes directorios como Chambers Partners o Legal 500, enfocados a grandes firmas y perfiles de asesoramiento, pero no a litigantes. “Queremos construir un producto que refuerce la imagen de los abogados y ayude a los que no trabajan en grandes firmas a posicionarse de una manera diferencial. Que el mérito no lo pueda robar otro pagando más”, explica Padín.

¿Cómo lo hacen?

Una de las cuestiones que más debate ha causado es de dónde se obtiene la información. Según cuenta el abogado, no usan el Centro de Documentación Judicial (Cendoj) como base de datos, sino que rastrean esa información por los motores de búsqueda con “arañas” y la complementan con las aportaciones de los propios abogados para que el sistema se retroalimente. Para ello, principalmente usan técnicas de big data en la búsqueda, y técnicas con inteligencia artificial para poder leer de forma masiva las resoluciones y convertirlas en datos. También utilizan machine learning (aprendizaje automático) para clasificar la información.

Tras esto, la trayectoria que resulte del abogado se evalúa con el índice de rendimiento judicial (IRJ). De esta forma, cada abogado tendrá una puntuación de 0 a 100 en cada una de las especialidades en las que ha participado. Su calificación se basará en cinco indicadores: experiencia, éxito judicial, especialización colateral, actualización y progresión y un indicador de relevancia de los casos.

En este punto, añade el fundador, es importante saber que no se valora la tasa de éxito en sí misma, sino que también se tiene en cuenta la dificultad del caso y el promedio de éxito en asuntos similares. “Por ejemplo, si un abogado de cláusulas suelo lleva al banco, no tendrá un 60% de casos de éxito. Y si lo tiene, será un as, pero también lo será con un 12%”, explica.

Cómo evitar que los letrados aporten las sentencias que les interesan es una de sus grandes preocupaciones. Para ello, asegura que llevan un sistema de control, pero recuerda que, al final, “la resolución que gana uno, la pierde otro”, por tanto, a medio plazo el problema se resuelve si la participación es alta.

En cuanto a la ausencia de consentimiento para el uso de los datos de los abogados, defiende que no es necesaria la autorización porque “existe un interés legítimo” y, además, la reputación del letrado no se ve perjudicada porque “por defecto se publican solo los buenos resultados”. Así, recuerda que ni siquiera el Cendoj anonimiza los datos de abogados y jueces, “porque son datos personales y de corte profesional y la ley obliga a que las sentencias sean públicas y contengan esos datos”. No obstante, asegura que a quien no quiera estar, se le da de baja en menos de 24 horas. “La primera vez impacta, pero tras ese primer susto, hay incorporaciones muy altas”, concluye Padín.

Perspectiva de negocio

Internacionalización. La aspiración de Emérita Legal es convertirse en un ranking internacional de abogados y llegar a Europa para generar un efecto red entre profesionales. Su CEO, José Antonio Padín, asegura que seguirán con la idea de que “el posicionamiento no tenga que comprarse, sino que se gane”, sistema con el que aspiran a ser similares a Chambers Partners y Legal 500. También, tienen pensado extenderlo a procuradores y personas jurídicas para que cada abogado sepa qué empresas litigan en su ámbito y en su provincia y puedan tocar a las puertas de las empresas para mejorar sus resultados. “Todo lo que sea aportar valor con información es nuestro code”, afirma.

Servicios prémium. Además, avanza que tienen pensado ampliar sus servicios a una parte prémium, pero manteniendo que el posicionamiento no se pueda pagar. No obstante, sí se podrá pagar por cada uso o una suscripción mensual para aparecer más visible, obtener una mejor presencia en buscadores o gestionar clientes y atraerlos a la ficha personal de cada abogado. “Queremos que la transparencia se mantenga y que cualquier persona pueda acceder y participar, y sea gratuito”, admite. Mientras, añade, “escuchamos lo que dice la comunidad de abogados y vamos haciendo correcciones para buscar que sea lo más real y objetivo posible”.

Fuente: Cinco Dias.