Un impresionante incremento de nuestra población. Esa es la conclusión principal del reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), Proyecciones de Población de España, que prevé que en 15 años superaremos los 49 millones de habitantes versus los 45,8 que el INE proyectó en su anterior informe de 2016.

Otra lectura adicional es la corrección que en tan poco tiempo ha hecho de sus propias estimaciones: ahora el Instituto proyecta un incremento de la población de 2,4 millones, mientras que antes calculaba que perderíamos 0,6 millones. Ahora, 12 comunidades ganarán población, mientras que hace tres años estimaba que esto ocurriría solo en cuatro de ellas. Ahora los mayores de 65 supondrán en 2066 el 29,6% del total, mientras que antes hubieran sido el 34,6%.

No es lo mismo generar riqueza y bienestar para 45,8 millones que para 49; o que formen parte de la capacidad productiva o sean personas a las que la sociedad debe proteger y cuidar (como los menores y mayores de edad); o cómo estén distribuidos geográficamente entre las distintas provincias y comunidades.

Sus consecuencias pueden ir, desde la representación en los distintos parlamentos, hasta la propia Ley D’Hont; o desde la necesidad de planificar escuelas y hospitales, hasta la proyección de la recaudación a través de los distintos sistemas impositivos. Con lo que significa todo ello en una adecuada gestión estratégica a largo plazo de los ingresos y gastos de un país.

Ante las relevantes diferencias producidasen algo más de dos años en las proyecciones y la importancia que estas tienen, cabría preguntarse por qué ha ocurrido. La respuesta está en el fuerte cambio de las tres variables que conforman las hipótesis respecto a las utilizadas por el INE en 2016: (i) la fecundidad, que ha aumentado, pasando de 1,25 a 1,45 hijos por mujer; (ii) la mortalidad, que ha crecido hasta hacer disminuir la longevidad en 1,6 años (pasando la proyección de la esperanza de vida de 90,2 a 88,6 años); y (iii) las migraciones, cuyo saldo se estima ahora en 2,6 millones más que el previsto en los próximos 15 años, y con un crecimiento neto de 230.000 inmigrantes al año.

Como resultado de estos cambios, España conseguiría: frenar su envejecimiento poblacional, aumentar su población activa y disminuir la pensionista, y tener capacidad para generar más riqueza.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó recientemente el informe Previsiones demográficas: una visión integrada, un estudio muy crítico con los resultados del INE en su proyección de 2016 de natalidad y de inmigración —no así en la disminución de la mortalidad de nuestros mayores que el INE proyectaba en 2016, con la que la AIReF se ha mostrado de acuerdo—. Señalaba la AIReF que la actividad económica y las dinámicas poblacionales se encuentran íntimamente relacionadas.

La evolución demográfica afecta decisivamente al crecimiento potencial en el medio-largo plazo al condicionar aspectos tan relevantes como la estructura del mercado laboral, la productividad o la distribución de la riqueza entre generaciones. Asimismo, el crecimiento tiene un impacto significativo en la evolución de la pirámide poblacional, afectando a variables tan relevantes como la fecundidad o los movimientos migratorios. En los últimos cien años las economías occidentales han mostrado una serie de regularidades sorprendentes; por ejemplo, las tasas de crecimiento reales del PIB, las aportaciones del capital y del trabajo al mismo, o el aumento de la productividad han sido asombrosamente estables durante mucho tiempo.

A raiz de las reflexiones de la AIReF, el INE decidió a finales de 2018 cambiar sustancialmente la metodología de sus proyecciones. La principal fue la de dirigir una encuesta a ciertos demógrafos en España para recabar su opinión sobre la evolución del número de hijos por mujer, la esperanza de vida al nacer, y los niveles de migraciones. Es decir, los parámetros fundamentales del modelo de proyección del propio Instituto, introduciendo el principio subjetivista en las proyecciones. Sus respuestas son las que se han proyectado en un asunto de gran calado y trascendencia para la estrategia de España.

Las personas son el activo más importante que tiene un país y todas las políticas públicas e iniciativas privadas deben estar orientadas hacia su protección y a generar bienestar. Construir una sociedad más productiva, con mayor capacidad de generar riqueza y con mejor calidad de vida es tarea de todos y, en especial, de los agentes económicos más relevantes.

Por eso es importante poner el foco en los estudios demográficos y, en especial, en los referidos a las proyecciones demográficas a largo plazo. Su debate nos ayudará a entender cómo construir una sociedad mejor.

Esas políticas e iniciativas podrían mejorar los parámetros de una sociedad envejecida y que envejece al ritmo que lo hace la española, cuyos resultados se plasmarían en mejoras en la proyección de la natalidad y de la inmigración. Ahora bien, reducir la esperanza de vida de nuestros mayores no está en línea con la imagen de un país próspero y con mayores capacidades económicas.

Como dice la AIReF, “los gastos asociados al envejecimiento suponen uno de los principales riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo”. Estoy de acuerdo. Y también lo estoy en que la proyección de la longevidad no se debería haber reducido. Incluso al contrario, se debería haber aumentado, porque España tendrá el honor de ser el país de mayor longevidad del mundo.

Cuidemos de nuestra población y de nuestras proyecciones: ambas son estratégicas y fundamentales.

Luis María Sáez de Jáuregui es vicepresidente de Fundación AXA y profesor doctor de la Universidad Carlos III

Fuente: Cinco Días